El fondo de reactivación económica para paliar los daños de la COVID-19 aprobado por los 27 Estados de la Unión Europea y dotado con 750.000 millones de euros, va a permitir a las Administraciones públicas españolas realizar muy importantes inversiones en los próximos años, principalmente para impulsar la protección del medioambiente y la digitalización.
En España, las líneas directrices las ha fijado el "Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía española", inspirado en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.
El Real Decreto ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ha previsto un conjunto de especialidades en materia de gestión administrativa, dirigido a simplificar y facilitar el desarrollo y ejecución de este Plan de Recuperación. Entre estas especialidades se encuentran destacadamente las que afectan a la contratación pública y se aplicarán solo a las actuaciones de cualesquiera de las entidades del sector público dirigidas a la gestión y ejecución de proyectos y actuaciones que sean financiables con los fondos europeos.